María Carolina Feito. MESA 12. ANTROPOLOGÍA RURAL, AMBIENTE Y DESARROLLO: “Agricultura, Ambiente y Desarrollo”

IX Congreso Argentino de Antropología Social
“Fronteras de la Antropología”
Universidad Nacional de Misiones
05 al 08 de agosto de 2008
MESA 12. ANTROPOLOGÍA RURAL, AMBIENTE Y DESARROLLO:
“Agricultura, Ambiente y Desarrollo”

PONENCIA: “Desarrollo local y políticas rurales.
El caso del Municipio del Pilar, provincia de Buenos Aires”
María Carolina Feito
CONICET/FAUBA
mcfeito@ciudad.com.ar

PALABRAS CLAVES:
desarrollo local; políticas rurales; estrategias de intervención; perfil del territorio.


1. Introducción
En este trabajo intentaremos analizar el rol del municipio y las políticas municipales en las problemáticas reales de los productores hortícolas del partido del Pilar, provincia de Buenos Aires, así como definir qué tipo de rol se le otorga en el municipio a la horticultura. Consideramos que las nuevas funciones de los gobiernos locales implican un nuevo perfil del Estado. En Pilar, en los últimos años se reformularon estrategias de intervención en la gestión de los espacios hortícolas del partido. Analizaremos distintos ejes del concepto de desarrollo local, cuál es el perfil del territorio y el rol de la sociedad civil en procesos de desarrollo local, para finalmente, comentar algunos desafíos de la gestión municipal en el partido mencionado. Presentamos avances de la investigación en curso , en la cual aplicamos metodología cualitativa con la realización de trabajo de campo etnográfico en distintos ámbitos municipales del partido, mediante entrevistas a funcionarios, responsables de programas en ejecución, productores hortícolas y observaciones participantes en reuniones de grupos de productores, recorridas por quintas, etc.


2. ¿Qué es el desarrollo local?
En América Latina en los ´80, el desarrollo rural se configuró como un conjunto de proyectos y programas desarticulados, que en general no produjeron desarrollo en la economía rural ni consiguieron beneficios para la población . En los ´90, la pobreza rural desencadenó la reformulación de enfoques y metodologías que se venían aplicando, mostrando la necesidad de considerar aspectos que se habían dejado de lado: el territorio, la participación de la sociedad civil, el desarrollo institucional y la descentralización; reconociendo también la urgencia de articular programas locales con nacionales y regionales. En este marco, el enfoque del desarrollo local considera la construcción de capacidades competitivas, realizables mediante la definición de políticas territoriales que tiendan a integrar sistemas locales de empresas o redes empresariales. La viabilidad de los emprendimientos, de su acceso a mercados dinámicos, depende de que los pequeños productores establezcan acuerdos con otros agentes (ONGs, gobiernos locales y/o organismos de asistencia), para lo cual, el respaldo de la acción pública es decisivo . Dentro de este contexto, los diseños de políticas para el desarrollo rural asumieron la integración de las áreas rurales a los mercados y procesos de globalización para, sobre esta base, destacar la competitividad territorial. (Yáñez, David y Benedetto, 2007). Sin embargo, este enfoque economicista condiciona las posibilidades del desarrollo territorial a un escenario macroeconómico inmodificable, a la aceptación del mercado y a la legitimación de sus agentes dominantes, quienes determinan tendencias, oportunidades y restricciones del sector agropecuario (Shejtman y Berdagué, 2003).
La idea del “desarrollo local” refiere básicamente el “desarrollo desde abajo”, desde las localidades, desde el territorio, y no desde el Estado. En Argentina, tradicionalmente se aplicó el “desarrollo desde arriba”, en el cual el Estado Nacional definía los criterios y políticas a aplicar y los territorios eran simples receptores. Esta idea se fortalece en los años ´80, en el marco de la teoría y del concepto de descentralización (Arroyo, 2005a). Se relaciona con fomentar las actividades económicas con impacto social, con la mejora de las condiciones de vida del lugar, no sólo con crecimiento económico. Se trata de repensar qué es estratégico en un territorio determinado, cuál es el perfil de ese territorio, qué elementos son importantes y cuáles accesorios. Esta idea se basa en cuatro ejes: A) Descentralización: idea de que la Nación transferiría recursos hacia las provincias y hacia los municipios. En general, esto fue al revés, sobre todo en el caso de los municipios: en términos de volumen general, cada vez tienen menos recursos. Los niveles locales son los primeros en bajar la recaudación en épocas de crisis; B) Pasaje de la economía informal a la economía formal, promoviendo actividades económicas estratégicas, actividades informales y microemprendimientos que con el tiempo pasarían a la economía formal. Sin embargo, la integración de la cadena económica de la informalidad a la formalidad entró en crisis, en gran medida, producto de la recesión , especialmente en 2004-2005 (Arroyo, 2005a). C) Planificación participativa: referida a fomentar desarrollo de un plan estratégico, con fuerte participación de los actores locales, que definen qué quieren hacer, hacia dónde van, qué condiciones tienen, etc..Esta idea de planeamiento también concebía trabajar sobre la turbulencia: planificar y construir escenarios para situaciones cambiantes (Robirosa et al, 1990). A nivel municipal, en las áreas sociales se pretende privilegiar la promoción en lugar de la asistencia (promover y generar actividades, no solamente otorgar bienes y/o servicios). Sin embargo, se realiza más asistencia social. En las áreas productivas de los municipios se conoce y trabaja con el concepto de cadena de valor, con la idea de articular y encadenar emprendimientos para otorgarles sostenimiento. ”La emergencia obliga a actuar en contra de las propias convicciones, tratando de hacer lo que se puede, como se puede, aún creyendo que habría que hacerlo de otra manera” (Arroyo, 2005a:5). D) Rol del sector privado: idea de que el desarrollo local conlleva la articulación de los municipios (primer sector) con el sector privado, empresas, comercios (segundo sector) y la sociedad civil, organizaciones sociales (tercer sector). En la práctica, en la mayoría de los lugares, el sector privado aportó muy poco al desarrollo local, con aportes concretos pero sin participar en un proceso de planificación continua.

3. El perfil del territorio
El concepto de “territorio” se transforma en instrumento privilegiado de la comprensión de una realidad compleja, integrando en una totalidad condicionamientos estructurales y acciones de los actores como sujetos competentes capaces de producir innovaciones adaptativas, en las cuales se manifiesta el valor de los conocimientos y el saber hacer de los actores rurales y los procesos de valorización que asocian cultura y mercado (Albadalejo y Bustos Cara, 2004; Manzanal, 2006). Un elemento clave es la definición de perfil de un territorio, perfil de desarrollo referido fundamentalmente a la identidad y la capacidad local: lo que identifica a la gente que vive en un lugar. Argentina, con sus más de dos mil localidades, tiene tres tipos de condiciones en función de un perfil: A) localidades con perfil definido, articulando sus actividades, proyectos y líneas de acción en función del mismo (siguen el mismo camino que hace unas décadas); B) localidades con perfil en crisis: a) crisis abrupta: quiebre del esquema de desarrollo, debiendo redefinir el perfil en función de la identidad local (relacionado con lo que está dispuesta a hacer la gente del lugar); b) crisis paulatina: no hay un momento específico de quiebre; localidades que siguen realizando las mismas actividades pero generando cada vez menos movimiento económico local, menos impacto social; C) localidades sin perfil de desarrollo definido: no queda claro sobre qué bases se asienta el desarrollo económico, ni la mejora de la calidad de vida de la gente a partir de ello. Para definir el desarrollo local es necesario identificar en qué situación se encuentra la localidad y cuál es su perfil, entendido como “perfil posible en función de los recursos que hay y de los recursos que no hay; en función de la identidad local, de las condiciones que se tienen; de la historia; de lo que fracasó y de lo que no funcionó”. (Arroyo, 2005a:8). Siguiendo este razonamiento, las localidades que no puedan definir un perfil de desarrollo, difícilmente puedan encarar un programa de desarrollo local.
La discusión conceptual referida a cuáles son las dificultades para el desarrollo local, tiene tres líneas claves de pensamiento: 1) falta capital cultural; el nivel de expectativas no es cubierto, hay que cambiar los valores, mejorar el sistema educativo, no hay una cultura del trabajo, del esfuerzo; 2) falta capital social: deficiencia en las redes, en vínculos, articulaciones (municipio-sociedad de fomento, etc); 3) falta de capital económico: no hay recursos financieros que soporten las actividades, ideas y proyectos.

4. El rol de la sociedad civil en procesos de desarrollo local
Pueden establecerse distintas características y modalidades de participación de la sociedad civil en las políticas implementadas por el nivel local. Sólo a partir del establecimiento de articulaciones entre el Estado y la sociedad civil, probando la eficacia de ese mecanismo en la implementación de políticas sociales, puede empezar a pensarse en la articulación entre lo económico y lo social, que es lo que da pie al desarrollo local.
El debate sobre las vinculaciones entre Estado y sociedad civil tiene larga tradición académica en las ciencias sociales .En los últimos años, con la crisis de la Argentina, se produce un cambio profundo en las relaciones Estado-sociedad, situándose la propia relación en el centro de la discusión. Esto supone partir de una particular concepción del Estado, como una producción social , como parte intrínseca de la sociedad, como aspecto co-constitutivo de ella (Alfaro, 2000). La escisión entre Estado y sociedad civil, debido a las necesidades de legitimación y fundamentación del poder del Estado, requiere ciertas mediaciones (la ciudadanía, la Nación, el pueblo) . La sociedad civil es concebida no por oposición al Estado, sino como una construcción social con dinámica propia, producto de las interacciones, juegos de poder y estrategias de los actores que la componen, aunque estas estrategias se desplieguen en determinados escenarios estructurales (Alfaro, 2000).
La práctica concreta de las instituciones estatales y no estatales se sustenta en determinados paradigmas teóricos que muestran determinada concepción de la relación entre la acción de los sujetos y las estructuras sociales. Los modelos políticos y las estrategias adoptadas están relacionados explícita o implícitamente con ciertas interpretaciones teóricas o estrategias metodológicas (Long, 1992). Concibiendo al Estado como una forma de la práctica social y no por fuera de la sociedad, las políticas públicas pueden entenderse como un "conjunto de sucesivas tomas de posición del Estado frente a cuestiones socialmente problematizables" (Oszlak, 1980, citado en Alfaro, 2000) . Coincidimos con Alfaro en que "estas "tomas de posición" suponen determinados comportamientos y pautas de acción, funciones y roles definidos tanto para el Estado como para los actores de la sociedad civil" (2000, comillas en el original). Las formas de intervención social del Estado son "producto conflictivo de diseños racionales provenientes de voluntades políticas y de contextos y relaciones de fuerza que sobredeterminan los modos en que interviene el Estado"(Andrenacci, Neufeld y Raggio, 2001:21).
En el ámbito de las políticas implementadas en el mundo rural, las actuales intervenciones estatales obedecen a una lógica distinta que la que las ordenaba unas décadas atrás, cuando eran concebidas como políticas agrarias. Hoy, en cambio, dichas intervenciones pueden pensarse como un tipo específico de política social, planteando modificaciones a nivel de la concepción de desarrollo y en la relación entre Estado y sociedad civil. Desde fines de los `90 se entiende por política social a determinados mecanismos estatales de redistribución de bienes y servicios, accionados al interior de una sociedad. Se pueden distinguir entonces distintos tipos de políticas: A) políticas de asistencia: responden a la lógica de resolver necesidades básicas de la población en extrema pobreza, tratándose de una relación entre un sujeto que da (el gobierno municipal) y otro que recibe (vecinos pasivos). No existe compromiso de articulación entre Estadoy sociedad, sino intento de resolver problemas de alta gravedad. No apuntan a un esquema de desarrollo de la comunidad local, pero dan respuesta a las demandas acuciantes; B) políticas de promoción: entran en juego otros actores (organizaciones de base, entidades intermedias, ONGs, vecinos activos), tratándose de una relación de ida y vuelta entre alguien que da (gobierno municipal) y alguien que recibe (familias, grupos de personas, etc), pero participa en la definición de política y se capacita. Sólo pueden cristalizarse efectivamente si existe capacidad técnica, si han realizado eficientemente las políticas de asistencia. Se fortalece la relación Estado-sociedad civil, pero siempre exclusivamente en el nivel de las políticas sociales, sin vinculación con lo económico; C) políticas de desarrollo productivo: incluyen actores diferentes que provienen del campo privado (empresas, comercios locales), articulando fortalezas económicas existentes para desarrollar económicamente la región. Se necesitan redes o articulaciones complementarias entre distintos gobiernos locales. Puede mejorar significativamente el nivel de producción y empleo de la localidad, cuando la articulación entre Estado y sector privado local apunta exclusivamente al eje económico. Pero si no existe articulación con las políticas sociales, el impacto real sobre los vecinos es bajo; D) Nivel de desarrollo local: contiene la mayor articulación entre actores, pues no sólo participa el gobierno municipal sino también el segundo sector (lo privado) y el tercer sector (la sociedad civil). Apuntar al desarrollo local significa “potenciar los recursos y actores existentes en función de la capacidad de inserción de la región en el funcionamiento económico global y, a su vez, potenciar la inserción de los vecinos en el nivel de decisiones y acciones que involucran a la comunidad local” (Arroyo, 2005b: 7).

5. Modelo de gestión
Un nivel de análisis clave está relacionado con el modelo de gestión. La capacidad de llevar adelante programas o políticas municipales se relaciona con el nivel de articulaciòn que se da en tres planos:
A. Instrumentos técnicos (nivel de profesionalización de los equipos): deben contemplarse las siguientes variables: a) determinación del programa (características generales de la política a implementar; distintos proyectos o tareas a llevar adelante; establecimiento de prioridades; análisis de los resultados esperados); b) análisis de la relevancia de la política a llevar a cabo (punto crítico de la relación entre políticos y técnicos);c) mecanismos de evaluación y seguimiento del programa implementado; d) estudio del impacto causado por la política (difícil de medir, porque se suelen producir impactos impensados en la población que la recibe, así como nuevos conflictos no previstos); e) eficacia (referido exclusivamente a los resultados) y eficiencia (referida a los procedimientos) de las políticas; f) el grado de sustentabilidad del programa (posibilidad de dejar instaladas en la sociedad capacidades para poder llevar adelante el programa una vez que el Estado Municipal se retira o empiezan a recortarse los recursos).
B. Estilos políticos de gestión: se pueden establecer tres modelos diferenciados: a) modelo de gestión centralizado: quien planifica y ejecuta es el mismo actor (generalmente, intendente); b) modelo de gestión descentralizado: planificación y ejecución de politicas se hace en las distintas áreas territoriales del Municipio, otorgando mayor protagonismo a la sociedad civil, articulando mejor Estado y sociedad, con el riesgo de que el Municipio otorgue responsabilidades y funciones a las organizaciones sin acompañamiento;c) modelo de gestión asociada: combina parte de los dos anteriores; planificación conjunta con fuerte presencia del Ejecutivo Municipal; ejecución conjunta con fuerte presencia de organizaciones y actores de cada área del municipio; se toma en cuenta la realidad de todo el Municipio y aumenta el grado de compromiso de las organizaciones; dificultades posibles de coordinación entre ambos.
C. Niveles o grados de participación de las organizaciones de la sociedad civil: el rol del conjunto de actores involucrados (gobierno provincial, Ejecutivo Municipal, Concejo Deliberante, organizaciones de base, Ongs, etc) determina el éxito de las políticas municipales. En el modelo centralizado, el eje pasa por el Municipio o en algunos casos, por el gobierno provincial; en el descentralizado, la prioridad pasa por el nivel de recursos y las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil; en el de gestión asociada, todos los actores tienen rol importante, si bien el Estado es quien planifica, pudiendo aparecer debilidades cuando no existen sistemas de coordinación adecuados o el Ejecutivo Municipal tiende a una política basada en clientelismo.
Las políticas municipales tienen características particulares, diferentes a las de nivel nacional o provincial, que obligan a articular los planos técnicos, políticos y sociales. “El estilo de gestión no determina por sí solo el resultado de la política implementada, pero sí el grado de apertura y capacidad de integración que tiene cada sociedad local.” (Arroyo, 2005b). La tendencia hacia el fortalecimiento de la relación Estado-sociedad local presupone mayor articulación entre ambos a partir de la efectiva participación de las organizaciones sociales. Si por el contrario, el Estado intenta “cooptar” las mismas, corre el riesgo de descentralizar sólo los problemas y no aumentar la capacidad de gestión. En el modelo de gestión asociada, además de mayor democratización es necesario añadir elementos que hacen a la eficacia (resultados) y eficiencia (procedimientos) de las políticas públicas, lo que exige mayores capacidades de gerenciamiento del Municipio pero también de las Ongs (que incluyen capacidad para elaborar diagnósticos certeros sobre fortalezas y debilidades de la comunidad local).

6. Las políticas para la producción agropecuaria en el Municipio del Pilar
El Partido o Municipio del Pilar, formalmente creado en octubre de 1864 , se ubica al Noroeste de la Pcia de Buenos Aires, a 58 Km. de la Ciudad de Buenos Aires y dispone de una superficie de 352 Km2. Está gobernado por el Partido Justicialista, a través del Intendente Humberto Zuccaro . En 1991, poseía una población total de 130.187 habitantes, que en 2001 había aumentado a 232.463, lo que arroja una variación relativa intercensal de un 60,69%. La densidad de población es de 654,83 hab/km2. (Indec, 2001). Por su inmejorable posición geográfica, la gran extensión y características de sus tierras y su ubicación estratégica sobre la Ruta Panamericana, ha atraído en los últimos años a miles de personas que buscan un lugar con tranquilidad y excelente acceso (principalmente desde la Ciudad de Buenos Aires) como así también a numerosas empresas e industrias que han elegido a Pilar para instalar sus plantas, especialmente en el Parque Industrial .
En los últimos años se reformularon estrategias de intervención en la gestión de los espacios hortícolas del partido. Actualmente, existen más de 200 producciones: 140 hortícolas (ubicadas a lo largo de Ruta 25, en Parque Irízar, Zelaya, y Ruta 8), cunícola, frutícola, apícola y de granja (alrededor de 40 granjas de ponedoras y 13 de carne; 2 ó 3 reproductoras; una de codorniz; 2 de chinchilla); 2 criaderos de vacas; 2 tambos y tiene importancia la floricultura, desarrollada por la colonia japonesa, así como la frutilla. También había un feed lot que cerró en 2006 y existe una fábrica de huevo líquido (Ovoprot). Entre los hortícolas, un 98% de productores son bolivianos, en tanto hay algunos argentinos e italianos. Por cantidad de hectáreas, se diferencian en grandes, medianos y producción de autoconsumo. En general, se produjo una cierta involución de la producción, especialmente la avícola.
Las políticas para la producción agropecuaria local dependen de la Subsecretaría de Medioambiente de la Secretaría de Calidad de Vida y Medioambiente de Pilar . Este organismo depende del Poder Ejecutivo Muncipal y trabaja en coordinación permanente con la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, en inspecciones en este Distrito. Según testimonios de distintos funcionarios municipales durante el trabajo de campo, la idea de las actuales polìticas hacia productores agropecuarios consiste en fortalecer el contacto con la gente, al tiempo que “bajar” las políticas al territorio local. Este organismo, desde la Jefatura de Departamento de Desarrollo Sustentable, desarrolla actualmente distintas actividades. Una de ellas es la participación en la creación y desarrollo del Mercado de la Colectividad Boliviana.

6.1. El Mercado de la Colectividad Boliviana de Pilar
La Cooperativa de Provisión y Servicios “2 de Septiembre” fue creada por iniciativa de la comunidad boliviana radicada en la zona. La mayoría de los productores comercializaban sus productos en mercados de otros distritos del conurbano bonaerense, asumiendo los costos de fletes. Esta situación generó la constitución de un grupo que, en primera instancia, abrió un pequeño mercado que pronto resultó “chico”. Tampoco el alquiler del predio en que funcionaba era conveniente porque, tal como expresan los productores, “el dueño del terreno se llevaba la mayor parte de la recaudación”. La alternativa entonces fue buscar un lugar que contuviera el crecimiento del incipiente mercado. Hacia 2003 este grupo consiguió alquilar un predio de poco más de dos hectáreas, en el que hoy desarrollan sus actividades y que lograron comprar. Sobre este predio se construyen las instalaciones del mercado, lo que promovió la organización formal de la cooperativa, su institucionalización y reconocimiento legal en 2004 . Parte del proceso es también la vinculación de la Cooperativa con el Estado. En este sentido, la organización comenzó a trabajar con el Municipio de Pilar, con el Ministerio de Asuntos Agrarios provincial (MAA) y con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Esta estrategia generó espacios comunes de diálogo sobre las necesidades, demandas, expectativas del grupo, y el aporte de recursos técnicos y financieros, lo que posibilitó la concreción de una alternativa de comercialización para productos frutihortícolas regionales.
Las dificultades de este proceso son reconocidas por los mismos cooperativistas: el Presidente de la Cooperativa, Oscar Caiguara , reconoce que “primero porque tuvimos que superar nuestros propios obstáculos, los de una organización que crece, afrontar cambios en la conducción, lograr sumar a todos en esta tarea, perseverar, trabajar a honor, luchar a diario. También fue difícil empezar a vincularnos con la Provincia, con la Nación, pensábamos que por ahí nos querían investigar. Había una duda tremenda, porque la colectividad ha sido castigada con agresiones, maltrato y discriminación”. En este sentido, valora el apoyo estatal en la consolidación de la cooperativa. “Me parecía muy raro el interés tan empeñado en que la Cooperativa crezca, que el mercado trabaje, que se agrande, que nos digan que nos teníamos que organizar para que nadie nos pueda manejar. Yo les preguntaba a los funcionarios ¿cuál es el interés de ustedes? Con el correr del tiempo, con la amistad que nos reúne con Rivara, con Palau , entendimos que hay una decisión política de trabajar de esta forma. Pero costó entender todo eso, porque nosotros fuimos muy arrasados como comunidad”.
Actualmente, se está finalizando la construcción del mercado frutihortícola. Las instalaciones darán lugar a unos 190 puestos de venta, que abastecen otros puntos de venta en Buenos Aires y se convertirá en uno de los ámbitos de comercialización hortifrutícola más importantes de la provincia . Esta iniciativa conjunta por parte de los gobiernos nacional, provincial y municipal, está orientada a fortalecer el trabajo de más de 150 productores hortícolas asociados a la cooperativa “2 de Septiembre” y a la consolidación de más de 500 puestos de trabajo vinculados a esta actividad. La finalidad de dicho convenio es mejorar la comercialización, la asistencia técnico productiva, consolidar la organización y mejorar las alternativas de financiamiento para la producción. Se destaca el proceso de organización de la comunidad boliviana, su búsqueda de alternativas de comercialización y la articulación con los gobiernos municipal, provincial y nacional. Según Caiaguara, “la prioridad la tienen los productores, porque nuestra visión es que sin la producción no hay ni oferta, ni demanda, ni competencia: la producción es todo”. La mayoría de los cooperativistas son horticultores de Pilar, Parada Robles, Capilla del Señor, Mercedes, Chivilcoy, San Antonio de Areco, General Rodríguez y Escobar. Aquí vienen a comprar de Pilar, de Capital Federal. Este mercado abastece a otros mercados de Morón, Moreno, La Matanza, Beccar, Escobar y Luján, contando con con la ventaja de la gran cantidad de productores, frente a la cantidad de revendedores que existe en otros mercados.
La colectividad cumple hoy con una actividad social y cultural muy importante. Como fue la “madre” de la Cooperativa, la misma le brinda ahora un espacio físico donde relizar actividades como sus campeonatos de fútbol, funcionando también como la “cocina” del mercado para que genere sus propios ingresos. En su momento, la colectividad también ayudó a la Cooperativa con un monto de dinero para hacer las mejoras y poder trabajar. Esta colectividad configuró una organización de productores y comerciantes, que funciona bajo dos figuras: Asociación Civil y Cooperativa Comercial. Creada en 2000, la primera tiene aproximadamente 305 socios. Dos facciones de migrantes bolivianos, por un lado los quinteros y por el otro, los trabajadores de la construcción, se disputaron su dirigencia. A la Cooperativa están asociados sólo los quinteros, ya que los de la construcción no participan de dicha actividad.
Desde poco tiempo después de la creación de la Asociación, el MAA, a través del Programa Cambio Rural Bonaerense, trabaja el crecimiento organizativo con la Comisión Directiva, por expreso pedido de sus miembros . En tanto, el Municipio intervino conjuntamente con el Embajador boliviano para evitar la clausura del Mercado ante el SENASA, que pretendía intervenir dada la falta de higiene y algún incumplimiento de normativas. Actualmente, una agrónoma delegada de ese organismo visita el mercado habitualmente, ofreciendo información a los puesteros para que mejoren la higiene y la seguridad. El municipio institucionalizó la asociación civil exigiendo la personería jurídica y la compra de la tierra donde se levanta el mercado. La Secretaría Calidad de Vida y Medioambiente municipal está armando un Manual de Buenas Prácticas, y trabajando en el uso racional de agroquímicos en la producción de las mercaderías que se comercializan allí.
El Municipio también articula políticas con la Embajada de Bolivia, mediante la firma de un un Acta de Entendimiento con dicho organismo, en mayo del corriente año. Este documento, según palabras del Embajador, "es el primero en firmarse con una Intendencia de la Provincia de Buenos Aires y crea un compromiso entre ambas partes para lograr afianzar los lazos de cooperación, estableciendo un grupo de trabajo permanente para favorecer la integración de nuestros conciudadanos a la sociedad que los cobija". Los aspectos relevantes del acuerdo para encarar futuras acciones, son los migratorios y de promoción comercial y microemprendimientos, así como impulsar el acceso a la educación, la cultura, el deporte y actividades para la integración social de los bolivianos radicados en Pilar. (http://www.embajadadebolivia.com.ar/pilar_2007.htm)


6.2. Otras actividades de la Secretaría

1) Elaboración de una nueva normativa, con el objeto de promover la actividad sustentable, de modo que los productores puedan continuar produciendo independientemente de las administraciones políticas de turno . Se les propone un plazo de un año para adecuarse a la misma, tanto en el mercado como en las quintas, con la idea de proveerlos de una herramienta legal para protegerlos.
2) Implementación del Programa Municipal “PROAAS” Promoción de la Actividad Agropecuaria Sustentable, por Ordenanza N° 247/06 (Decreto N°104/07) que tiene como objetivo la regularización de la actividad agropecuaria en el distrito, mediante el establecimiento de un marco legal que permita regular y estimular la actividad agropecuaria dentro de pautas establecidas para un desarrollo sustentable. Las casi 200 producciones deberán adecuar su funcionamiento a exigencias técnicas que garanticen el uso de los recursos naturales, minimizando impactos ambientales negativos. Para ello, cada actividad deberá contar con un responsable matriculado e inscripto en el Registro Municipal. Para poder implementar este programa, la Municipalidad acordó con el INTA Experimental San Pedro, en junio 2006, el asesoramiento gratuito .Ya se nuclearon 8 grupos incorporados al Programa Cambio Rural INTA , abarcando uno 100 productores hortícolas, algunos fuera del Mercado boliviano. Cada grupo tiene un productor responsable y un técnico pagado por INTA. Se promueve el uso racional del suelo y la regularización de la tenencia de la tierra. Para ello se realizan: registro de la totalidad de actividades agropecuarias ; registro de profesionales agro veterinarios; aplicación de “buenas prácticas agropecuarias” en todas las explotaciones ; registro del estudio técnico de auditoría ambiental y manual de buenas prácticas por establecimiento. Se articula con agrónomos del INTA que asesoran 80 productores en el territorio; técnicos del Programa Cambio Rural INTA; agrónomos y veterinarios del sector privado.
3) Implementación del Programa de Agricultura Urbana, articulando con el Prohuerta del INTA, con el objeto de mejorar el nivel socioeconómico y alimentario de las familias de escasos recursos mediante la promoción del trabajo familiar y colectivo a través de la realización de huertas familiares y comunitarias, complementadas con producción de aves para huevos y carne, frutales, pan, dulces y conservas de alimentos. Se proponen los siguientes proyectos: a) “Vivero Municipal” (floral para el mejoramiento de plazas; producción de compostado y plantines hortícolas para huertas comunitarias); b)“Desarrollo y Promoción de Huertas y granjas” familiares y comunitarias en todo el partido, priorizando las familias con necesidades básicas insatisfechas; c)“Formulación, evaluación y tutoría de emprendimientos asociativos”:fomento del desarrollo de proyectos productivos con instituciones barriales reconocidas; d)“Ferias francas”:creación de un marco legal que habilite y promueva ferias locales y regionales de productos agroecológicos con seguimiento técnico. Se propone trabajar con: el programa Pro-Huerta del INTA ; Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; Salud y Acción Social de Pilar; Ministerio de Desarrollo Humano de la Pcia de Buenos Aires; escuelas,asociaciones civiles y otras instituciones locales. Se logró trabajar en los 11 centros de capacitación establecidos, llegando a 1004 huertas familiares, el 6.22% de hogares de la línea de pobreza , las cuales representan a 4974 personas, el 5.68 % de la población objetivo en el partido . La superficie alcanzada de las huertas familiares llega a 105077 m2, siendo un 0.04% de la superficie del partido (254.5 km2 descontando superficie de ríos); se logró trabajar con 26 establecimientos educativos estatales de los 85 que se encuentran en el Partido, llegando a una población de 4712 alumnos; se trabajó con 36 huertas comunitarias (una Ong; una mutual; un hogar; un centro de formación; dos Casa del Niño; tres centros terapéuticos droga dependientes; siete huertas comunitarias y 10 comedores comunitarios) de los cuales el total de beneficiarios es de 961. El total de beneficiarios alcanzados suma 10647, siendo un 12.15 % de la población objetivo.
4) Implementación del Programa de Desarrollo Sustentable, cuyo objetivo es mejorar el desarrollo económico de las Pymes agropecuarias e industriales del partido y zona de influencia, respetando el medioambiente, a través de la consolidación de la comercialización, el fortalecimiento de la organización y el asesoramiento técnico. Se desarrollan estudios de impacto ambiental de establecimientos productivos; asesoramiento técnico a pequeños productores agropecuarios e industriales; capacitación en aspectos legales, organizativos y de gestión, comercialización, estudio de mercado y ronda de negocios. Se propone articular con:INTA; INTI; Universidad Nacional de Luján; Comité de Cuenca del Río Luján ; Asociaciones de productores agropecuarios y cámaras industriales; PYMES agropecuarias e industriales individuales. Se realizó un convenio entre INTA y Huertas Bonaerenses, para la implementación de cursos de huertas, construcción de herramientas, etc.
5) Se está planificando la elaboración de un mapa rural para identificar la tierra rural productiva del partido, así como la cantidad de hectáreas trabajadas, ya que las cartas de suelos, así como los mapas de catastro, están desactualizados y presentan algunas irregularidades.
Además de los programas descriptos, la Secretaría mencionada reliza articulaciones con distintos organismos nacionales, provinciales y municipales. Conjuntamente con el programa Manos a la Obra del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, se otorga a los productores herramientas. También coordinan acciones con el SENASA en el Mercado de la colectividad boliviana . El Ministerio del Interior tiene un Plan para Inmigrantes, mediante el cual gestiona la documentación para los bolivianos del Mercado. Dentro del mismo Municipio, articula acciones con la Secretaría de Acción Social municipal , a través del Centro de Salud, trabajando conjuntamente en distintas temáticas: alimentación, producción, PyMES agropecuarias (desarrollo de línea de producción de conservas y dulces). En cuanto a iniciativas municipales para trabajar con organizaciones civiles ya existentes, actualmente, la Secretaría trabaja con 3 organizaciones: la Asociación de Cunicultores, la Asociación de Apicultores, y la Cooperativa Hortícola “2 de Septiembre” ya mencionada. Por otra parte, representantes de los productores primarios del Mercado conformaron una Mesa de Diálogo.

6.3.Análisis de la gestión municipal
En lo relativo a los cuatro ejes del desarrollo local presentados en el punto 2., el pasaje de economía informal a la formal se vislumbra en el municipio estudiado con el apoyo del gobierno local a la creación del Mercado de la Colectividad Boliviana. Por otra parte, existe planificación participativa con fuerte participación de los actores locales, que definen acciones comunes con organismos de gobierno local. Se intenta trabajar no sólo en la emergencia, sino en producir herramientas legales y técnicas que permitan una producción sustentable en el tiempo, independientemente de la administración de turno. Sin embargo, el sector privado no participa aún de un proceso de planificación continua.
Considerando los instrumentos técnicos (nivel de profesionalización de los equipos), estilos políticos de gestión (voluntad política del Intendente) y niveles o grados de participación de las organizaciones de la sociedad civil, puede decirse que en Pilar se da un modelo de gestión descentralizado, en el cual la prioridad pasa por el nivel de recursos y las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil y un acrecentamiento de la relación Estado-sociedad que presupone mayor articulación entre ambos a partir del efectivo fortalecimiento de las organizaciones sociales.
La vinculación entre el Estado y la sociedad civil que se da en el partido analizado, muestra que el tipo de política implementado es “de promoción”. Si bien se tiende hacia un tipo de políticas “de desarrollo productivo”. Los programas actuales del gobierno municipal forman parte de una estrategia para involucrar actores económicos y líderes sociales. Se intenta promover la participación del Estado (a pesar de la escasez de recursos expresada por los funcionarios entrevistados), movilizar ONGs y líderes sociales locales. Los temas prioritarios de la política municipal son: salud, educación y asistencia social . Además existen, como vimos, varios programas y proyectos destinados a la producción agropecuaria, apoyados por el Intendente. En lo relativo a articulación Nación-Provincia-Municipio, existen 35 programas de microemprendimientos (entregas de máquinas de coser, desarrollo de economía social, compras de productos) y hay alrededor de 150 proyectos microempresariales presentados. En lo relativo a políticas de empleo, la más importante es la promoción industrial . En cuanto a las dificultades para el desarrollo local, la falta de capital económico que soporte actividades, ideas y proyectos, parece ser uno de los problemas del municipio analizado. El presupuesto municipal actual ronda los 38 a 42 millones de pesos, en tanto el partido necesitaría unos 200 millones. A pesar de ello, Pilar es uno de los municipios bonaerenses que más creció en los últimos años, con 500 millones de dólares aproximadamente de inversión privada. El Estado invirtió un 1% de los recursos en los últimos 10 años. Desde la gobernación local reclaman tener “las manos atadas” por la falta de autonomía municipal, por eso la estrategia consiste en conseguir y gestionar recursos financieros para el partido, a través de la articulación con otras instituciones .
Puede decirse que las políticas del municipio de Pilar en cierta forma contribuyen a la conformación de territorios hortícolas, ya que se intenta nuclear a los horticultores, que tradicionalmente se encuentran dispersos, mediante la creación de un marco legal de promoción de la actividad sustentable. Al decir del delegado del municipio en el Mercado Boliviano: “hacer que las localidades se potencien desde lo rural.” Respecto de los niveles de relación entre las políticas municipales y las necesidades del sector hortícola, puede decirse que desde el municipio se recogen los pedidos y se actúa en consecuencia, intentando resolverlos o conectando los reclamos con los organismos competentes para ello. En este sentido, se realizaron acciones como creación de un Comité de Productores (dentro de los cuales, los hortícolas son aquellos que pertenecen a la Cooperativa “2 de Septiembre”); intervención a pedido de productores para resolver problemas derivados de la irregularidad de la situación de las camionetas con que transportan la producción (falta de patentamiento, vehículos en mal estado y sin verificación, etc), en cuyo caso fueron conectados con la Dirección de Tránsito del municipio; gestiones para temas no específicamente productivos: otorgamiento de Libreta Sanitaria, otorgamiento de DNI (a través de la Secretaría de Acción Social municipal), intervención para paliar necesidades sanitarias de los productores, mediante la instalación de un camión sanitario que va a las explotaciones para realizar control médico, pediátrico y odontológico. En este sentido, la gestión realizada por el municipio hacia el ámbito rural del partido, puede catalogarse de integral, ya que abarca aspectos diversos como los productivos, de salud y atención de las necesidades básicas para mejorar la calidad de vida de los productores.

6.4. Desafíos de la gestión municipal
Existe un conjunto de desafíos tanto para el análisis de las condiciones sociopolíticas del Municipio, como en el orden práctico (capacidad de acción concreta de gobiernos). Es necesario resolver dos situaciones: por un lado, la necesidad de aumentar la capacidad técnica y de gestión del gobierno municipal, mediante formulación e implementación de programas sociales y de desarrollo local que respondan a las demandas de población más afectada: “el desafío es organizar a los productores ”; por otro lado, la creciente “localización” de las demandas de los ciudadanos, que sienten cada vez más lejanos los niveles nacionales y provinciales. Se requieren nexos con nuevas formas de organización social (ONGs, entidades intermedias, organizaciones de base, iglesias, etc) y con el sector privado, desarrollando modelos participativos que articulen la relación Estado-sociedad en el plano local.

6.5. Reflexiones para el caso analizado
La demanda de mayor articulación entre las entidades que actúan en el medio rural se manifiesta en la población local en diversas instancias (reuniones de grupos del programa Cambio Rural, etc). La capacidad de respuesta de las estructuras burocráticas gubernamentales locales es, por el momento, adecuada a las demandas de los productores. Si bien no existe una planificación integral en políticas y acciones de desarrollo rural local, se ha superado en parte la “cultura del bombero” en la ejecución estatal (referida a falta de planificación a mediano y largo plazo y escasa capacidad de prevención de contingencias). Se visualiza cierta coordinación y articulación entre y dentro de los organismos públicos del municipio (medioambiente, acción social, secretaría de gobierno).
Es de destacar el personalismo que se muestra en las estrategias de intervención locales, dado que la mayoría de las personas que participan se conocen desde hace años, en forma directa, habiendo compartido previamente otros espacios de trabajo o políticos (universidades, cargos públicos en otros estamentos estatales, etc). Existe una tendencia a fortalecer el rol de estos actores, aumentando también su capital simbólico en la arena de disputas. En el caso estudiado, en la medida en que las estructuras formalizan acuerdos a través de convenios u otros mecanismos, existe reconocimiento explícito de la labor de los funcionarios que motorizaron estos enlaces, lo cual mejoraría su posición dentro de la estructura del organismo al que pertenecen, con lo cual el tiempo y trabajo dedicado se constituirían en un capital del funcionario, en la medida en que éste es valorado. Además, la formalización de estos espacios (como el convenio firmado entre INTA y el gobierno local) también permitiría a cada uno de estos agentes públicos un margen de acción y de toma de decisiones mayor, así como probablemente ingresar a la arena de disputa con otros capitales. Las políticas implementadas se basan en las relaciones interpersonales y la confianza depositada por los productores en los funcionarios que están en permanente contacto directo con ellos, visitando semanalmente sus explotaciones y el mercado, y participando en reuniones formales e informales con los técnicos a cargo de la ejecución de los distintos programas.
Por otra parte, de acuerdo a entrevistas realizadas, los participantes comparten el sentimiento de aunar esfuerzos entre distintos niveles institucionales (estado nacional, provincial y municipal; organizaciones civiles; universidades con injerencia en el ámbito local) para concretar estrategias armonizadas de desarrollo rural. Se vislumbra la creación de un ámbito de discusión entre organizaciones públicas y de la sociedad civil, concordando con cierta homogeneización del espacio en relación con el origen de los participantes (la mayoría del INTA, de la Secretaría de Medioambiente y de organizaciones de productores bolivianos) y la definición y concreción de actividades para llevar a cabo en forma conjunta, lo que permite la concreción de una agenda programática (recorridas semanales por las explotaciones por parte de los técnicos del programa; organización de talleres de capacitación; creación de canales comunes de comercialización de hortalizas).
En cuanto a los actores públicos y las reglas de juego, los agentes intervinientes nutren sus posiciones del reconocimiento de los organismos que representan, y también accionan fuentes de legitimación de sus discursos en base a su propia trayectoria personal.
En el caso analizado, se destaca la “presencia en territorio” del gobierno municipal. Coincidimos con Nussbaumer en que “teniendo en cuenta que el sujeto central de las acciones y programas de desarrollo rural local son los pequeños productores agropecuarios, la trayectoria y cobertura en términos de cantidad de población objetivo asistida, es una fuente de legitimación fundamental de los discursos y visiones de mundo de los organismos estatales vinculados” (op cit, 2007.:10). La combinación de este reconocimiento con el “sentirse autorizado” para representar los intereses de los actores participantes, muestra que cuanto mayor sea la “presencia territorial” (en términos de cantidad de grupos y familias asistidas), mayor es la legitimidad de los discursos.
En lo relativo a trayectoria, recursos humanos y económicos, es importante el reconocimiento de trayectorias personales de algunos funcionarios municipales por parte de los productores. Así mismo, el INTA es el organismo técnico de mayor trayectoria nacional (desde 1956) y posee una amplia cobertura territorial, apoyada en grupos asistidos y en la presencia de una regional experimental (San Pedro) y la agencia de Escobar, comprometiendo profesionales y técnicos contratados para la intervención en el municipio. En cuanto a recursos económicos, el INTA es una de las entidades del Estado Nacional que más ha aumentado su presupuesto posterior a la crisis económica en la Argentina de 2001 (op cit, 2007). La situación de la Secretaría de Medioambiente y Calidad de Vida del municipio, en particular, la subsecretaría de Medioambiente y Calidad de Vida de ese organismo, es relativamente diferente, respecto de su experiencia en desarrollar acciones de intervención, siendo menor a la del INTA. Un elemento que juega en la legitimación de la trayectoria de los organismos participantes es la confianza depositada para mantener los acuerdos y líneas de trabajo. Durante el trabajo de campo realizado, los representantes de las instituciones participantes demostraban que la confianza, considerada básica para lograr el trabajo articulado, no se deposita en el gobierno como institución, sino en algunas de las personas que conocen hace tiempo y que se ubican temporariamente en ese rol. Esto nos lleva a preguntarnos qué ocurriría con un cambio de staff administrativo en el gobierno municipal, o peor aún, con un cambio de líneas y/o estrategias de acción política.
El peso de las temáticas de desarrollo rural local en las políticas del gobierno municipal depende casi exclusivamente de la voluntad de llevar a cabo acciones por parte de la Secretaría de Medioambiente y Calidad de Vida. La articulación entre organismos públicos (distintas secretarías del gobierno municipal; el INTA) con asociaciones de la sociedad civil (cooperativa “2 de Septiembre”) como nueva regla, impone la confluencia en espacios comunes de discusión política, confrontando a cada uno de los agentes intervinientes a establecer estrategias para mantener sus posiciones en función de las reglas de juego en esta arena de disputa. En términos locales, la presencia en territorio y la trayectoria en políticas son recursos que contribuyen al reconocimiento de los agentes como conocedores y expertos en desarrollo rural para el municipio. Estos recursos les permiten a su vez legitimarse como portavoces de las necesidades de los pequeños productores, y acumular capital en este sentido (op cit, 2007). El capital simbólico no es recurso suficiente para liderar el campo de juego, en el cual las reglas implícitas remiten a otros capitales, como la trayectoria en materia de desarrollo rural, la presencia territorial, los recursos humanos formados y el capital económico para la ejecución de estrategias de intervención (op cit, 2007).En el caso analizado, la participación de la sociedad civil que fortalece un modelo de toma de decisiones de abajo hacia arriba, es bastante prometedora. Sin embargo, no se visualiza una discusión profunda sobre qué es el desarrollo rural para el municipio ni cómo lograrlo. Si bien existen convenios bilaterales, aún no se da una plataforma política común para el desarrollo rural. La articulación como nueva regla (op cit, 2007), y el nuevo rol que los representantes deben cumplir para investir la misma, todavía no es clara en el caso de Pilar, ya que no se define una dimensión operativa de las políticas de articulación en torno al desarrollo rural. Cada entidad pública participante confluye en espacios con otras organizaciones para la coordinación de políticas. Se comparte información, se acuerdan diagnósticos de estrategias de desarrollo, se asiste a diferentes reuniones y actos en forma conjunta, etc. Pero estas acciones, como muestra Nussbaumer para el caso de Entre Ríos, no comprometen la autonomía en la toma de decisiones de las líneas y ámbitos de acción de sus organismos. Por ello nos preguntamos: ¿Qué es lo que hace que un intendente recientemente reelecto mantenga ese sistema aparentemente contradictorio, en el cual no se privilegia en la definición de perfil de territorio a la producción agropecuaria sino a las inversiones inmobiliarias de los emprendimientos urbanísticos nuevos, pero a la vez, se apoya contundentemente la labor de la Secretaría de Medioambiente y sus políticas de desarrollo de la producción, lo que implica el apoyo al perfil de actividades que compiten por el mismo recurso (el territorio)? ¿Cómo evolucionarán en estas condiciones las nuevas dinámicas a nivel de la economía local, en las que los mismos productores bolivianos desarrollan vínculos con los countries privados, mediante la venta directa de sus productos? En otras palabras: ¿hasta qué punto deberán supeditar sus programas de acción a una política de desarrollo municipal común? ¿Cuánto afectará esto los presupuestos asignados, la planta de profesionales, los roles de cada uno?
Es necesario analizar una “arena de disputas ampliada”, en la que existen grupos sociales con diversos intereses y visiones de mundo, cuyos conflictos se discuten o dirimen en otros ámbitos distintos a los planificados. La deslegitimación del proceso de construcción de un espacio de debate, evidenciaría las contradicciones del propio estado municipal. Esto expresaría en abstracto la tradicional disociación de la política social y la política económica, disociación que muestra dos mundos separados de la misma realidad rural: por un lado el del crecimiento económico; por el otro, aquel orientado a un modelo de desarrollo focalizado en la inclusión de los pequeños productores mediante la contención social.

7. Conclusiones
En la actualidad, más en el ámbito conceptual y teórico que en el terreno práctico, parecería haber cierto consenso sobre postulados en torno a la descentralización, con un rol creciente de gobiernos municipales y provinciales en el diseño y ejecución de estrategias de desarrollo. Las instituciones provinciales y municipales enfrentan el desafío de colaborar de forma distinta con el sector privado para crear instrumentos innovadores de políticas, formular estrategias, apoyar instituciones y movilizar recursos locales para fomentar el empleo y la actividad económica. Más aún, cuando estas nuevas exigencias y demandas tienen que ser afrontadas con restricciones de índole presupuestaria derivada de las políticas tendientes al equilibrio fiscal en los niveles nacional, provincial y municipal. Por otra parte, una intervención de este tipo requiere continuidades a fin de ser sustentable en el tiempo. Se trata de políticas de largo plazo, que sobrevivan los vaivenes y ciclos de las políticas públicas. Otra cuestión a considerar es que el municipio debe definir para la implementación de la intervencion, un ámbito territorial que sea lo suficientemente grande para contener actores y organizaciones productivas que conformen una masa crítica, pero lo suficientemente pequeño para que funcionen la economía de proximidad y las relaciones de confianza. Además, dado que es en el territorio donde se juegan las relaciones interpersonales es necesario conocer las prácticas políticas paternalistas o clientelísticas y su papel en los procesos de intervención (Bocchicchio, 2004). El territorio se define como una realidad política (Pírez, 2004), en el sentido de que la organización estatal impone una inicial fragmentación político institucional que no contempla el gobierno local como tal, sino que distingue niveles territoriales: uno nacional (o global) a cargo del gobierno federal y otros dos parciales: regional (o intermedio) a cargo de gobiernos provinciales y local a cargo de gobiernos municipales. Esta fragmentación implica una trama de atribuciones y funciones, así como de autoridades, que en cada uno de los territorios las ejercen y desarrollan. Cada uno de esos territorios es a su vez una realidad política, que configura una unidad independiente de acumulación política, más allá de su mayor o menor autonomía (en calidad de atribuciones, recursos propios, capacidad de otorgarse sus propias normas, etc).En un contexto de fuerte crecimiento de las necesidades sociales, los municipios se convirtieron en el principal nivel estatal para la ayuda social (cuestión que comenzó a principios de los 90, cuando las crisis de picos inflacionarios obligaron a los municipios a intervenir para garantizar las condiciones de reproducción de la población, ampliándose ese papel durante esa década, con el sostenido crecimiento del desempleo y la pobreza que obligó a los municipios a convertirse en oferentes fundamentales de política social.La debilidad de lo público se da en la acumulación versus representación, ya que los procesos políticos se integran por dos dimensiones: incrementar las capacidades de toma de decisiones (acumulación de poder) y resolver situaciones sociales (representación). En términos formales-institucionales, la representación subordina a la acumulación, pero històricamente, ésta puede tender a subordinar a la primera.Si bien no analizamos aquí los tres circuitos de acumulación política (primario, secundario y terciario) propuestos por Pírez (2004), podemos decir que los actores políticos que existen en el caso estudiado operan predominantemente como sujetos de acumulación, compitiendo por el control de los recursos( por ej, el peso de las relaciones clientelares como base de esa acumulación).
El nivel local se presenta como adecuado para observar las dinámicas del territorio y las capacidades de respuesta de los actores locales frente al nuevo contexto socioeconómico de descentralización municipal. Surge el rol del Estado como mediador en la “gobernanza” que se pretende establecer: que los actores locales tomen conciencia de sus propias capacidades de acción y no queden a la espera de la acción pública (Albadalejo y Bustos Cara, 2004).
La situación argentina encuentra que los cuatro pilares del desarrollo local entran en crisis: la descentralización con recursos no se ha dado, hoy los municipios tienen menos recursos que a fines de los ´90; no se pudo constituir un proceso de planificación con manejo de tiempos, complicando la participación que tiende a retraerse; el sector privado tiene fuertes dificultades para participar; los gobiernos locales se ven limitados frente a procesos de crisis, a hacer lo que se puede, independientemente de aquello que se había planificado. Esto significa que hay que repensar parte de las metodologías de desarrollo local, en el marco de la emergencia (Arroyo, 2005a). Hay que utilizar planeamiento estratégico como elemento clave para el desarrollo; fomentar descentralización con recursos; incorporar al sector privado. Pero fundamentalmente, es necesario pensar y crear instrumentos y metodologías nuevas.

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